El origen de la actual crisis de la salud se encuentra en la Constitución de 1991, en la Ley 100 de 1993 y en sus decretos reglamentarios. La reforma al ordenamiento jurídico del país, acorde con la política de apertura y privatización, convirtió la prestación del servicio de salud en otro negocio del capital financiero privado, a los directores de los hospitales públicos en gerentes y a los usuarios en clientes, cifrando en la «venta de servicios» los ingresos de la red oficial hospitalaria, todo con la pretensión de volver a esas instituciones «viables», «eficientes» y «rentables» y descargar al Estado, en su nivel central, de sus responsabilidades. Siete años de aplicación de la ley permiten evaluar los resultados y concluir que la política ha fracasado, como orientación al servicio de los colombianos.

El esquema adoptado, y por el cual se creó la intermediación financiera para el manejo de los recursos de la salud, probó que para las A.R.S. (Aseguradoras del Régimen Subsidiado) y E.P.S. (Empresas Promotoras de Salud) privadas el negocio funciona, pero que para la red hospitalaria estatal y para el pueblo, así se destinen hoy por parte de la nación recursos por 5.7 billones de pesos para el sector, no funciona. Nunca antes se habían destinado tantos recursos para la salud por parte del Estado y nunca antes tampoco había funcionado tan mal el sector. Y la culpa no es de los hospitales del Estado. Las A.R.S. y E.P.S. se quedan, por el solo concepto de gastos de administración, con el 25 por ciento del total de los dineros que se aportan. Muchas tienen I.P.S. (Instituciones Prestadoras de Servicios) propias y contratan con ellas mismas en desmedro de la red pública. Son arte y parte en el negocio, trasladan del bolsillo izquierdo al derecho miles de millones de pesos y no le pagan a la red pública o le cancelan cuando quieren, causando un grave daño a las ESE (Empresas de Salud del Estado). No es sino mirar los balances de estas grandes intermediarias financieras para entender que para ellas el negocio sí da.

El otro hecho evidente es que, en cobertura y calidad del servicio, no se cumplieron las metas. César Gaviria sostuvo, al igual que Samper, que para el 2001 tendríamos una cobertura universal en la aplicación del plan obligatorio de salud. Cuan lejos estaban de la realidad. Hoy apenas se cubre al 48 por ciento de la población, sumando los afiliados a ambos regímenes, el subsidiado y el contributivo. Entonces, el 52 por ciento de los colombianos hace parte de los llamados “vinculados”, que realmente son desvinculados porque no están vinculados a ningún derecho en salud. En Caldas, por ejemplo, hay más de 600 mil personas que debe atender la red pública hospitalaria y por los cuales nadie paga, ni la nación, ni el departamento, ni los municipios. Y eso explica la crisis financiera de los hospitales del departamento, a los que les adeudan más de 46.250 millones de pesos a mayo de 2001, sumando lo adeudado al total de la red hospitalaria del país más de 1 billón 200 mil millones. A su vez, los hospitales les deben a proveedores, bancos, médicos, enfermeras y demás trabajadores. Es tal la quiebra de los hospitales que aunque las A.R.S. y las E.P.S les pagaran lo que les deben, tampoco saldrían de la crisis.

En cuanto a la calidad, el resultado no puede ser peor. El análisis de las cifras prueba la disminución de camas, la falta de medicinas, la reducción en el tiempo de atención a los pacientes, la supresión o el aplazamiento de miles de operaciones, el aumento en las enfermedades endémicas y el crecimiento o retorno de enfermedades que se habían logrado controlar o erradicar en amplias zonas del territorio nacional.

Y ha sido especialmente cruel la actual política de salud con los trabajadores de los hospitales, a quienes, mintiendo, los neoliberales responsabilizan de la crisis, para tener el pretexto de no pagarles por largos meses, reducirles sus sueldos y echarlos de sus puestos.